Dr. Collins - La Reciente Elección

Le hemos solicitado a la Doctora en Ciencias Políticas Cath Collins, directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales de Santiago, y editora de un boletín mensual sobre el desarrollo de los juicios de derechos humanos en Chile y la región, que comente la reciente elección del Presidente Sebastían Piñera y sus posibles efectos  en el destino de los casos judiciales por las violaciones de derechos humanos ocurridos en el pasado.
El boletín se encuentra disponible en ingles y español
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En marzo 2010, el candidato de la derecha Sebastian Piñera reemplazó a la saliente socialista Michelle Bachelet como presidente de Chile, poniendo fin a dos décadas de gobiernos de centro izquierda. El resultado fue un cambio significativo en la política chilena, ya que hasta entonces la Concertación, la coalición centroizquierdista que representaba Bachelet, había obtenido cada una de las 4 elecciones presidenciales efectuadas desde el retorno a la democracia en 1990. Asimismo, la coalición de Piñera incluye al partido la Unión Demócrata Independiente, fundada por personeros que fueron cercanos al gobierno de Pinochet entre 1973-1990. Este cambio ha generado incertidumbre y especulación sobre el futuro de los procesos judiciales y de las políticas públicas en torno al tema de las violaciones a los derechos humanos. Bachelet había logrado, a diferencia de sus predecesores, una relación estrecha con las organizaciones vinculadas a la defensa de las víctimas de la dictadura, siendo uno de los últimos actos oficiales de su Gobierno el inaugurar un Museo de la Memoria y los Derechos Humanos que representará en cierto sentido su legado personal al país. De modo de contraste, en el mismo mes de enero de 2010 el vocero del entonces presidente-electo Piñera manifestó su opinión contraria hacia los juicios pendientes, opinando que éstos eran dañinos tanto para los familiares de las víctimas como para las instituciones chilenas.

Ciertamente es aun temprano para poder predecir los efectos reales que este cambio tendrá en los casos judiciales aun en curso en Chile: la nueva administración ha estado preocupada de otras situaciones, entre ellos los daños provocados por el terremoto que azotó al país días antes de la asunción de Piñera al mando. Sin embargo, es posible que el nuevo gobierno decida mantener un perfil bajo en lo que respecta a los juicios por violaciones a derechos humanos de tiempos de dictadura. Cualquier intento de poner un punto final o presionar al poder judicial puede atraer mayores costos políticos que beneficios. No obstante el valor simbólico que constituye para la derecha en general y para los partidarios más duros de Piñera en particular, esto no forma parte de una política pública prioritaria.

La minoría fanática pro-Pinochet, que salía a las calles en las horas inmediatamente después de la victoria definitiva de Piñera en la segunda ronda electoral portando imágenes de ex-agentes actualmente presos y cantando “ahora los van a soltar “puede obtener una respuesta decepcionante. Semejante intervencionismo de parte del poder ejecutivo en el proceso de justicia generaría innecesaria publicidad negativa, tanto en el extranjero como en casa.  El margen de victoria de Piñera fue relativamente bajo, y la Concertación, ahora en oposición, aun tiene fuerza en la legislatura más de suficiente como para bloquear cualquier iniciativa legislativa que pretenda truncar o terminar con estos casos. Si bien todavía es válida en Chile una ley de amnistía que data del 1978, y si bien el poder judicial chileno ha sido históricamente sumiso ante las señales políticas del mandatario de turno, el recientemente elegido Presidente de la Corte Suprema es una figura independiente y respetada.  Milton Juica además se hizo conocer a finales de los 1980 y en la década de los 1990 precisamente a través de una serie de decisiones favorables en casos emblemáticos de derechos humanos, algo que provocó hostilidad hacía su persona desde la derecha política, entonces en la oposición. 

Los 300 casos que actualmente se tramitan en los tribunales de justicia en Chile están siendo investigados bajo el antiguo sistema penal, donde el magistrado es investigador y parte. Este sistema está siendo gradualmente eliminando y debe desaparecer por completo a finales de este año.  En este entorno, puede resultar más cómodo para el nuevo gobierno esperar el paso del tiempo para eliminar el asunto de la agenda judicial.  Es además poco probable que los casos restantes produzcan grandes sorpresas o grandes vergüenzas políticas, ya que la mayoría de los 700 ex-agentes aun bajo investigación son jubilados y muchos ya han sido reiteradamente acusados y condenados en casos anteriores  El deseo de los jueces, abogados y familiares por avanzar en los casos puede producir en este sentido, un objetivo común entre ellos y las autoridades políticas nuevas. Algunas primeras señales apoyan esta interpretación: la nueva jefa del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior llegó en marzo con un mensaje conciliador hacia los abogados encargados de llevar estos casos ante el sistema judicial. Los únicos reparos fueron vistos cuando se le planteó la posibilidad de generar desde el estado nuevas querellas, en función a los casi dos tercios de los 3.186 víctimas de muerte y desaparición reconocidas en Chile que no tienen todavía ninguna investigación judicial sobre su caso. 

El departamento policial que en Chile investiga estos casos -bajo la dirección de los magistrados a cargo- sufrió un revés de carácter eminentemente práctico: su sede se vió seriamente dañada por el terremoto del 27 de febrero de 2010 y el material de investigación que se remonta a 1991 aún no se ha rescatado de entre los escombros.  En general, parece más probable que cualquier cambio de política en relación a estas causas tome la forma de una retirada gradual de apoyo activo desde el ejecutivo (apoyo que nunca, en todo caso, había sido del todo entusiasta) más que un sabotaje activo.  Es muy poco probable, por ejemplo, que en el nuevo clima política se genere legislación para limitar el alcance de la ley de amnistía chilena de acuerdo a las normas internacionales vigentes, un proyecto prometido pero nunca concretado bajo la Concertación.
Cath Collins

Traducción al español: Mayra Feddersen, Centro de DDHH, Universidad Diego Portales

Cath Collins
Human Rights Observatory
Universidad Diego Portales
Santiago de Chile
observatorioddhh@mail.udp.cl
5 April 2010